El Gobierno pondrá en marcha el 'copago judicial' cuando un contencioso-administrativo llegue al Tribunal Supremo

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Con el objetivo de aliviar la estructura de gastos de la administración de justicia y hacer su gestión mucho más sostenible, el Gobierno ha puesto sobre la mesa una iniciativa que llegará a aprobarse casi con total seguridad. Y esta consiste en que cuando los administrados recurran contra la administración mediante un proceso contencioso-administrativo, y la resolución de este se eleve hasta el Tribunal Supremo, estos deberán afrontar una tasa de 2.350 euros.

Dicha iniciativa pone en tela de juicio el acceso universal a un servicio tan básico como es la justicia, pero por otro lado, terminará con la famosa actitud de ‘reclamar por reclamar’, a la que muchos se habían acostumbrado y que supone un enorme coste para la administración.

Adicionalmente a lo anterior, se impondrá una nueva tasa de 500 euros por suplicación para los recursos en segunda instancia en el orden laboral o social, que será de 750 en caso de casación ante el Supremo. De tal modo que un ciudadano que quiera reclamar la resolución de un contrato por despido improcedente, deberá de añadir 1.250 euros a los gastos de abogado y procurador. Un gasto que muchos no pueden afrontar por su enorme cuantía, y que les impedirá reclamar en muchas ocasiones.

Imagen | N03
Vía | Público
En Ahorro Diario | La justicia gratuita se limita a tres veces al año


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